La Agencia Tributaria no pudo acreditar que los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira hubiese provocado resultados positivos para el equipo catalán, pero el fisco español señaló que incluso la falta de información podría ser un indicio de que las facturas maquillen otro tipo de servicios ilícitos.
De acuerdo con información compartida por EFE, el fisco encontró facturas de José María Enríquez Negreira al Barcelona por una suma superior a los $7.5 millones de euros, sin embargo ninguna de las partes pudo acreditar que el pago fuera para una actividad económica acreditada.
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Ante tal situación, tampoco hay una señal clara de que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros del fútbol español haya favorecido en resultados al Barcelona. Hacienda insiste que la “falta de información” sería un indicio de que las facturas correspondan a una posible compra de información reservada del comité arbitral, influencia de resultados o designaciones arbitrales a conveniencia.
“No han quedado acreditadas en el procedimiento inspector“, señala el informe publicado por EFE, sobre la investigación de la Agencia Tributaria, mientras la Fiscalía indicó que Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu mantuvieron acuerdos verbales confidenciales con José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros cuando ambos eran presidentes del club, ante la supuesta sospecha de que fueron para “actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputó”.
El fisco encontró facturas de $1.6 millones de euros de la empresa DASNIL 95, hechas entre 2016 y 2018. De tal cantidad, poco más de $557 mil euros fueron retirados en efectivo y tanto la Agencia Tributaria como la Policía Nacional indican que dicha cantidad estaría relacionada en pagos a terceros.
Hasta el momento sigue la denuncia en la Fiscalía para investigar los pagos entre el Barcelona y José María Enríquez Negreira ante la sospecha de un posible delito de corrupción en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y de falsedad en documentos mercantiles.
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