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La Policía allanó el jueves la Real Federación Española de Fútbol dentro de una investigación judicial sobre el supuesto pago de millones de euros a lo largo de varios años del Barcelona a un vicepresidente del Comité de Árbitros.
La Guardia Civil confirmó a The Associated Press que sus agentes habían registrado las oficinas del comité arbitral en la sede de la federación cerca de Madrid. La policía dijo que no se habían hecho detenciones y que los cateos se habían hecho a instancias del juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso en una corte en Barcelona.
La fiscalía acusó en marzo oficialmente al Barcelona de corrupción continuada en el deporte, gestión fraudulenta y falsificación de documentación mercantil. Los fiscales dijeron que el club azulgrana pagó a José María Enríquez Negreira, exárbitro y que fue miembro del comité arbitral de la federación entre 1994 y 2018. Los pagos entre 2001 y 2018 ascenderían a 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares), según la fiscalía.
También el jueves, Aguirre añadió oficialmente una nueva acusación a la pesquisa al señalar que había indicios de sobornos entre el Barcelona y Negreira. La acusación de soborno sustituye a la anterior de corrupción en el deporte.
En un principio los pagos se habían investigado dentro de una pesquisa fiscal sobre una compañía dirigida por Negreira.
El Barcelona ha negado cualquier mala práctica o conflicto de interés y afirma que pagó por reportes técnicos sobre arbitraje, pero nunca intentó influir sus decisiones en los partidos.
Las acusaciones van dirigidas contra el Barcelona, Negreira, los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y los exejecutivos del club Óscar Grau y Albert Soler.
Recibir reportes arbitrales es algo habitual en España, y los clubes pueden pagar a otras empresas o encargarlos de forma interna, como hace ahora el Barcelona. Pero pagar grandes sumas de dinero a una persona implicada en la gestión arbitral española a cambio de informes no es una práctica normal.
Los jueces instructores españoles dirigen investigaciones preliminares sobre posibles delitos para determinar si deben ir a juicio, que después supervisa otro juez.
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